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El tribunal supremo decidirá el proximo 5 de noviembre quién tiene que pagar el impuesto de actos jurídicos documentados que afectan a las hipotecas, la banca o los clientes, por lo qué se decidirá ese día es si se mantiene que tienen que ser los bancos y no los clientes los que tienen que asumir este impuesto.
Esta importante decisión mantiene en vilo tanto al sector financiero como a los consumidores y las distintas asociaciones, que esperan con inquietud acontecimientos para tomar las medidas y reclamaciones oportunas.